Desahucio de Gladys en Torrejón de Ardoz 7/6/2017

Gladys, una vecina de Torrejón de Ardoz, de 64 años de edad, residente en la calle Rincón número 2, se convierte en otra víctima del drama de los desahucios. El próximo 13 de junio, está previsto que tanto ella como su familia sean expulsadas de su residencia habitual, sin ninguna alternativa habitacional, ya que, gracias a la movilización vecinal, se ha pospuesto el desahucio inicialmente programado para el día 7.

Se ha convocado a todo aquel que quiera mostrar su solidaridad con nuestra vecina a las 10:30 en el número 2 de la calle Rincón el próximo 13 de junio. Todo el apoyo a Gladys será bien recibido por ella y su familia. Se espera poder paralizar el desahucio gracias a la colaboración ciudadana como ha ocurrido en otras ocasiones.

Esta mañana, decenas de personas se agolpaban a la puerta de su casa mostrándole su apoyo. A la concentración han acudido amigos de la familia, miembros de la Obra Social de Torrejón de Ardoz y representantes de los grupos municipales Sí Se Puede y Ganar Torrejón, que en todo momento han estado al lado de su compañera. Han sido las propias integrantes de la plataforma defensora del derecho a la vivienda quienes han comandado la interlocución con los representantes del juzgado y la abogada de Kutxabank, entidad denunciante.
Desahucio de Gladys en Torrejón de Ardoz 7/6/2017

Este caso de desahucio es diferente a los que estamos tristemente acostumbrados en la actualidad y pone de manifiesto una necesidad imperiosa en nuestra localidad: la creación un Parque Público de Vivienda para las familias con menos recursos, en lugar de vender las viviendas dependientes de la Administración a ‘fondos buitre’ para promover la especulación inmobiliaria. La orden para desalojar a Gladys y a su familia no viene dada por la condición en la que ella se encuentra residiendo, sino que se trata de una ejecución hipotecaria a nombre de los propietarios de la vivienda. Pongámonos en contexto:

Gladys perdió su trabajo hace poco más de cuatro años, siendo responsable de dos nietos menores de edad (de ocho y nueve años) y de una hija que encadena empleos esporádicos y sin contrato y cuyo exmarido se ha desentendido de la manutención de sus hijos.

Ella sólo veía cómo sus ahorros caían en picado y muy pronto no podría hacer frente al pago del alquiler que tenía contratado en la calle Cedro. “A mí me daba cosa quedarme allí porque se me agotaba el dinero de la fianza y no quería causar problemas a los propietarios, así que me vine al centro”, relata recordando cómo comenzó su calvario.

En la búsqueda de un nuevo techo, contactó con una persona cuyo afán no era ayudar a una familia que vivía una emergencia social, sino estafarla. Aprovechando la necesidad de Gladys por encontrar una nueva ubicación en la que cobijarse, le ofreció una vivienda a cambio de un alquiler. Dicha vivienda no era propiedad de este falso arrendatario, sino que había sido ‘abierta’ para engañar a alguien con tal desesperación. “Me metí porque estaba vacía, pensaba que era de un banco, si llego a saber que tiene propietarios no se me ocurre meterme”, explica con amargura.
Desahucio de Gladys en Torrejón de Ardoz 7/6/2017

Tras un tiempo pagando un alquiler fraudulento, Gladys se enteró por una citación judicial que estaba viviendo de “okupa” en esta casa, debido a una denuncia interpuesta por los propietarios. Esta situación llevó a todos los implicados a juicio. Un juicio en el que los únicos imputados fueron quienes abrieron la vivienda y del que Gladys quedó absuelta al probarse que había sido engañada desde un primer momento.

Ahora, a esta familia vuelve a rodearle la incertidumbre de no saber dónde dormirán la próxima semana. Hace unos días que les llegó una notificación de ejecución hipotecaria, sin embargo, en ningún momento el nombre de esta vecina aparece en dicha citación. El desahucio viene a nombre de los propietarios de la vivienda que no se han hecho cargo del pago de su hipoteca.

“He tenido que recopilar toda la documentación para acreditar que no soy la propietaria” alega, al mismo tiempo que comenta que “nunca” ha tenido problemas con el resto de vecinos del bloque.

Esto se traduce en que esta expulsión, en las circunstancias actuales, podría resultar ilegal, ya que no echan a los titulares de la vivienda. Para poder desahuciar a Gladys y la familia de su residencia, debería abrirse un nuevo proceso judicial en el que una sentencia ordenase la salida de los afectados.

Sin embargo, las posibilidades para que Gladys pueda quedarse en la vivienda son una incógnita.

En uno de los muchos trámites que ha tenido que realizar para demostrar que ella no es la persona a la que se refiere la citación judicial, firmó un ‘desahucio voluntario’. En esta firma es en la que se apoyan tantos los representantes del juzgado y la abogada de Kutxabank para echar a Gladys de su residencia.

Resulta tremendamente paradójica y repulsiva la premura con la que sacan a relucir la firma de Gladys, que a duras penas puede leer y escribir, en un documento con una gran complejidad terminológica que a muchos se nos haría difícil de comprender. Pero esta repulsión se queda muy corta con la repugnancia que merece la representante de la entidad bancaria, que lejos de intentar comprender la situación de extrema necesidad en la que se encuentra Gladys, le espeta frases como “gratis se vive muy bien”.

Gladys no quiere vivir gratis. Es lo primero que dijo cuando la entrevistamos: “Yo quiero poder tener un alquiler social”. Esto es a lo que aspira para su familia. Debido a la nebulosa en la que se encontraba la propiedad de la vivienda, no se conocía si estaba en manos de los titulares de la hipoteca o del banco, hasta hace muy poco no se han podido iniciar los trámites para solicitar un alquiler social, ya que, debido a su situación económica, es imposible que pueda acceder a un alquiler en el mercado de vivienda libre.

Sus ingresos, un subsidio de 236,43 euros, le obligan a hacer malabarismos para poder mantener a sus dos nietos, a los que se ha intentado mantener ajenos a esta situación en todo momento, y a su hija. Es gracias a la ayuda que le brindan ONG como Cáritas o Confianza Solidaria, con lo que intenta sacar a su familia adelante en lo más elemental: “Ellos me ayudan con la comida y los libros de los niños, y cuando mi hija cobra de los trabajos que le salen podemos comprar carne, por ejemplo”.

Pero este drama no sólo le afecta a ella. Es una realidad que viven decenas de familias en Torrejón de Ardoz.

Isabel es una de las compañeras y amigas más cercanas a Gladys y ha estado acompañándole toda la mañana. Ella es una de las miles de trabajadoras pobres que viven en una situación de necesidad a pesar de tener un empleo.

Con un sueldo de 700 euros no puede acceder a ningún contrato de alquiler. “Si tengo que pagar 600 euros al mes, ¿qué comen mi hija y mi nieto?”, cuenta. Se ha visto obligada a okupar una vivienda al no haber tenido ninguna atención de la Administración ni de los Servicios Sociales que le facilitase el acceso a un alquiler social.

“Si vas a los Servicios Sociales, te dicen que te pagan el mes de fianza y la primera cuota, pero entonces, al segundo mes, me encuentro en la misma situación porque no puedo pagarlo y vuelvo a estar okupando”, se queja. Hay que destacar el hecho de que, a pesar de tener una hija víctima de violencia de género siendo menor de edad, no ha recibido ninguna ayuda pública que le haya facilitado el traslado que permitiese garantizar la integridad de su hija y su nieto. Ni siquiera un traslado geográfico en la empresa en la que trabaja. “Si quieres irte de la empresa, puedes hacerlo”, esa es la respuesta que recibió por parte de sus superiores.

Estos son sólo dos testimonios de un problema que afecta a muchos de nuestros vecinos y vecinas de Torrejón de Ardoz. La crisis inmobiliaria y laboral que ha condenado a cientos de familias de nuestro municipio a vivir situaciones de emergencia social a pesar, incluso, de tener un empleo, como en el caso de Isabel, que ven cómo un derecho que se supone garantizado por la Constitución se vulnera repetidamente.

Ya en 2016, varias personas pertenecientes a la plataforma Obra Social se concentraron de manera pacífica en el vestíbulo del Ayuntamiento para reclamar la creación de un Parque Público de Vivienda que atendiese a las necesidades de estas familias y pusiese a su disposición el pago de un alquiler social. Pero la respuesta del alcalde, Ignacio Vázquez, fue mandar a las fuerzas de seguridad a desalojar el edificio en un alarde de responsabilidad y compromiso con quien paga sus honorarios. Tal vez esta ironía sea en el fondo la realidad, y la responsabilidad y el compromiso del Gobierno local estén ligados a los ‘fondos buitre’ que poseen la mitad de la zona del Soto del Henares y no a las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos de Torrejón.