La justicia anula la venta a un fondo buitre de 224 viviendas de Soto del Henares

El juez declara la venta “contraria a derecho” y carga de razones a los inquilinos expulsados de sus casas

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Sentencia histórica la que se hacía pública hace unos días en un juzgado de lo Contencioso de Madrid que daba la razón a una vecina de Navalcarnero cuya vivienda del IVIMA acabó en manos de un fondo buitre tras la venta autorizada por el Gobierno de Ignacio González.

Y es que la sentencia, no sólo anula la venta de la vivienda de la mujer que recurrió, sino también las otras 2.934 viviendas que acabaron en manos de Goldman Sachs a través de Encasa Cibeles (hoy Azora Gestión). En concreto el juez considera que la venta fue “contraria a derecho” al desposeer a los inquilinos de todos sus derechos adquiridos en el momento en que firmaron con el IVIMA.

Se trata de las viviendas del Plan Joven que creó Esperanza Aguirre, y que en Torrejón entregó viviendas a 224 personas en la calle Carmen Laforet de Soto del Henares, un Plan Joven que, tan sólo cuatro años después se transformaría en la peor pesadilla de todos ellos.

Todo comenzaba en octubre de 2008, cuando Torrejón anunciaba que participaría en la nueva promoción del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad, por cierto, en una nota de prensa en la que aprovechaba para criticar al Gobierno de Trinidad Rollán. En concreto, el PP afirmaba que esta iba a ser “la oportunidad de su vida” para los jóvenes torrejoneros: “La Comunidad de Madrid está construyendo desde hace años 1.500 viviendas en alquiler con opción a compra para jóvenes en el barrio de Soto Henares. 1.100 de ellas ya han sido sorteadas y adjudicadas, pero no a los jóvenes torrejoneros, si no a jóvenes de toda la región; y eso porque el anterior Gobierno local de PSOE e IU no quiso sumarse al Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid provocando que 1.100 jóvenes de Torrejón perdieran una gran oportunidad en su vida de obtener una vivienda protegida.

Para evitar esta situación, una de las primeras medidas que tomó el alcalde fue que Torrejón se sumara al Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid, logrando que las 403 viviendas que quedaban del mismo sin sortear se hayan adjudicado exclusivamente a los jóvenes torrejoneros que lleven 10 años empadronados en la ciudad o hubiesen estado ese período durante los últimos 15 años. Para ello, el Ayuntamiento aporta parcelas municipales donde se construirán otras 407 viviendas. En total, 810 viviendas para jóvenes del municipio.

Un año después Esperanza Aguirre y Pedro Rollán entregaban las llaves de las viviendas a los, por aquel entonces, felices adjudicatarios. “Los adjudicatarios, inscritos en la Lista Única de Solicitantes, son jóvenes y cuentan con unos ingresos familiares anuales inferiores a 5,5 veces el índice de referencia IPREM (antiguo salario mínimo), fijado actualmente en unos 48.000 euros. Los inquilinos pagarán un alquiler mensual de entre 266 y 455 euros por una vivienda de hasta 70 m2. El 50% del dinero aportado durante el periodo de alquiler se deducirá en el momento de realizar la compra de la vivienda, que con el nuevo Plan de Vivienda regional podrá efectuarse al quinto, sexto o séptimo año”, explicaba, por aquel entonces, la Comunidad de Madrid.

El propio Plaza Mayor daba más datos sobre las condiciones que firmaron los adjudicatarios: “Los jóvenes que deciden ejercer la opción de compra del piso (de aproximadamente 70 metros cuadrados construidos), no pagarán más de 140.000 euros por la vivienda a los 7 años de vivir en alquiler, amortizando la mitad de lo pagado hasta entonces en el arrendamiento”.

Pero la alegría no tardaría en convertirse en pesadilla. Tan sólo dos años después, y antes de que se consumase la venta al fondo buitre, los adjudicatarios advertían de lo que podría ocurrir en una Asamblea abierta a la que acudieron los representantes de la oposición de aquel momento.

En 2013 se consumó la venta de las viviendas, y en 2016, tras cumplirse el plazo mínimo de alquiler, el fondo buitre cambió por completo las condiciones, obligando al pago a un precio muy superior al prometido si querían mantener su vivienda. Pero además, no se les informó de ese derecho de tanteo hasta que el plazo para comprar la vivienda ya había expirado.

Y es que la intención de Goldman Sachs no era mantener esos inquilinos, sino poner en el mercado las viviendas en una operación que no se ha desvelado hasta cinco años después. Hoy los fondos buitre son propietarios del 80% del parque de viviendas de España, comprados a administraciones públicas, bancos (muchas de ellas procedentes de desahucios) y promotoras, en una posición de predominio que les permite intervenir en el mercado inmobiliario poniendo los precios que deseen.

Y es que estos fondos no buscan invertir en el país ni generar riqueza, sino conseguir el máximo beneficio en el menor tiempo posible antes de buscar nuevas “piezas”. El problema de los fondos buitre es mucho más serio de lo que parece, pues además de controlar el mercado de vivienda, son propietarios de, aproximadamente el 70% de las empresas españolas, unas empresas que controlan a través de acciones, y que, al igual que en el mercado inmobiliario, buscan la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, sin preocuparse por reinvertir los beneficios ni, por supuesto, en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Para ser conscientes del peligro en que se encuentra la economía española, simplemente hay que conocer cuales son los dos otros dos países en que los fondos buitre hicieron negocio antes de llegar a España: Argentina y Grecia. En el otro lado, Francia, Inglaterra o Suecia han decidido protegerse contra los fondos buitres con leyes específicas.

Pero por suerte, no todo son malas noticias: el pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo dictaminaba que la venta de estas viviendas públicas a Goldman Sachs no fue conforme a derecho, y esta sentencia es la primera que aplica esa doctrina. Ahora, si la sentencia no es recurrida y se hiciera firme, todos aquellos que perdieron sus casas con el cambio de condiciones establecido por el fondo buitre, podrán reclamar volver al sistema público y considerar su vivienda como de Protección.