El Tribunal de Contratación tumba el concurso de construcción de un gimnasio privado en suelo municipal

El Gobierno de Torrejón quería adjudicar por cuarenta años un centro deportivo sin estudio de viabilidad

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El Tribunal Administrativo de Contratación Pública decidía, el pasado 5 de julio, anular uno de los asuntos que más revuelo levantó en el Pleno Ordinario del pasado mes de junio en Torrejón de Ardoz. En concreto, el concurso por el que se pretendía adjudicar la construcción y gestión por cuarenta años de un gimnasio con balneario privado en una parcela municipal de Soto del Henares.

Este tema fue denunciado en la misma sesión a través de una moción presentada por Sí Se Puede que conseguía poner de acuerdo a toda la oposición. De tal forma, el partido pedía que se anulase el concurso, que se financiase con el PRISMA, que estuviese incluido en el Abono Deportivo Municipal y que fuera un centro de gestión pública. La moción, sin embargo, era tumbada con el voto de calidad del alcalde tras producirse un empate en la primera votación.

En la moción, Sí Se Puede desvelaba que el expediente se había aprobado el pasado 29 de mayo, dando un mes para la presentación de ofertas. Pero un sorprendente cambio en el canon a cobrar por el Consistorio obligaba a abrir un nuevo plazo, ya que el Gobierno Local renunciaba a ver ni un céntimo de la explotación del gimnasio, cobrando únicamente el millón ochocientos mil euros que, se calculaba, costaría la urbanización de la parcela.
El Gobierno del PP intentaba “vender” lo ocurrido en el Pleno explicando que era la primera fase de una nueva Ciudad Deportiva que uniría Soto del Henares con Parque Europa, pero se le “olvidaba” explicar que sólo es propiedad del Ayuntamiento la parcela que ahora se sacaba a concurso, quedando todo el resto de la instalación a expensas de un proceso de expropiaciones no definido.

Sí Se Puede también desvelaba que los propios técnicos valoran en 45 millones de euros los ingresos de la concesionaria durante los 40 años de la concesión. Si bien, podrían verse considerablemente aumentados si se realquilase parte del espacio instalando cafeterías o actividades comerciales, algo perfectamente permitido por el Pliego de Condiciones. Pero aún hay mas, pues el Pliego también permite a la concesionaria hipotecar el terreno y la construcción para hacer frente a la cantidad de 1.800.000 € que le exige el Consistorio, o a los costes de construcción de la obra, que ascenderían a unos 3.375.000 euros.

Ante semejante “chollo”, no es de extrañar que otras empresas, que no pudieron presentarse al concurso por la celeridad de su puesta en marcha, denunciasen la situación, y eso mismo es lo que pasaba el 21 de junio ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. De tal forma, una empresa denunciaba el concurso y, ahora, el Tribunal le da la razón anulando todo el proceso.

En concreto, el Tribunal de Contratación pone al descubierto algunas de las “artimañas” realizadas por el Consistorio para no tramitar la adjudicación a través de un procedimiento especial de regulación armonizada, procedimiento exigido para todas aquellas concesiones de obra pública cuyo valor estimado sea superior a 5.225.000 euros, una regulación que se plasma, entre otras cosas, en la obligatoriedad de incluir el anuncio del concurso en el Diario Oficial de la Unión Europea y no sólo en el BOE y BOCM, además de expecificar mucho más las prescripciones técnicas del contrato.

Para “esquivar” este procedimiento agravado, el Gobierno del PP de Torrejón decidía considerar como precio del concurso únicamente el canon a percibir, 1.800.000 euros, algo que le afea directamente el Tribunal de Contratación, recordándole que debería haber incluido todo el valor de negocio real de la explotación durante la duración del contrato, es decir, los más de 45 millones de euros estimados por los técnicos.
Además, y según el Tribunal, tampoco consta un informe de viabilidad económica, ni periodo de información pública, ni estudio de impacto medioambiental, informes todos ellos preceptivos ante una infraestructura de tal magnitud.

Por todos estos motivos, el Tribunal acuerda, por unanimidad, tumbar la licitación, advirtiendo al Consistorio que deberá volver a iniciar el proceso cumpliendo con todos los trámites legales. Ante la resolución de este Tribunal, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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